Falta un sentido de responsabilidad social y jurídica, en el que se dé seguimiento a quiénes han pasado por la prisión para que su retorno a la comunidad sea satisfactorio culminando con el desistimiento delictivo y no en la reincidencia criminal. Esto solo podrá lograrse a través de políticas públicas que reconozcan la importancia de los servicios post-penitenciarios. Y que tengan claro que la reinserción no termina al salir de la prisión; al contrario, justo es ahí cuando comienza.