El pasado 19 de abril la Suprema Corte invalidó normas que transferían el control operativo, administrativo y presupuestal de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. La decisión aprobada por una mayoría de ocho ministras y ministros reconfigura la estructura orgánica de las instituciones de seguridad pública. Pero es mucho más que eso. Este caso constituye un hito tanto en el camino para pacificar el país, como para la consolidación de la Suprema Corte como bastión democrático.

Desde finales del 2020, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le faltan consejeros que la dirijan y tomen sus decisiones más importantes. Por casi dos años, la Comisión operó con menos de las siete consejeras y consejeros previstos en la Constitución. Sin ellos, la Cofece se ha visto imposibilitada para cumplir a cabalidad con su labor constitucional de árbitro y garante de la libre competencia y concurrencia en los mercados nacionales. Apenas esta semana, después de un esfuerzo incansable de los consejeros que aún están en la Comisión, el Senado de la República ratificó a la quinta consejera, Andrea Marván Saltiel.

El jueves pasado el pleno de la Suprema Corte resolvió un asunto que podría resumir parte de este juego. En la controversia constitucional 325/2019, la Corte resolvió que, aunque las resoluciones del instituto son definitivas e inimpugnables en términos del artículo sexto constitucional, la Fiscalía —y otros órganos— sí podría someterla a escrutinio judicial y revocarla, cuando sus efectos impacten en su ámbito competencial. Es decir, que puede impugnarse una resolución que constitucionalmente es inatacable y que puede revocarse una resolución que constitucionalmente es definitiva. Este artículo recupera las aristas del debate, el saldo de la discusión y los efectos que tendrá el fallo en el derecho de transparencia y acceso a la información pública

Desde la pregunta de porqué se atrajo un amparo en revisión que a primera vista no parecía guardar importancia y trascendencia para el orden jurídico mexicano —justificado por el ministro presidente Zaldívar bajo el argumento de que “tiene que ver con la afectación que el caso está generando a la honorabilidad de la Fiscalía General de la República”— hasta la filtración de los audios del Fiscal refiriéndose al proyecto de resolución, se trata de uno de los casos más polémicos que ha conocido la Suprema Corte en historia reciente. En medio de todo este ruido, este artículo propone una mirada objetiva a las complejidades del caso y su impacto al futuro. Para ello nos preguntamos ¿de qué trata el asunto?, ¿cuál ha sido su tramo procesal?, ¿qué proponía el proyecto?, y ¿cuáles son las implicaciones jurídicas del caso?

Más allá de las merecidas críticas a la decisión de la Corte, consideramos que la nueva pregunta genera un diálogo inédito entre nuestra Constitución y la justicia transicional. Partiendo de que las consultas son mecanismos de comunicación y de toma de decisiones fundamentalmente horizontales, no es menor la importancia que tiene la consulta frente a un país aquejado diariamente por violencia sin precedentes, y por instituciones incapaces de rendir cuentas. Para que las víctimas vayan al centro, la experiencia de la justicia transicional ha demostrado que las consultas son fundamentales.

Para los particulares el medio de control por antonomasia es el juicio de amparo. Sin embargo, cuando un particular impugna de manera directa la inconstitucionalidad de una norma general —mediante juicio de amparo indirecto— la sentencia únicamente se limita a “eliminar” la norma irregular de la esfera jurídica del quejoso, lo que implica que aquella seguirá existiendo para a todos aquellos que no pudieran ampararse.