En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado una doctrina robusta en materia de violaciones al procedimiento legislativo, con base en la cual se han invalidado distintas leyes muy relevantes para el gobierno en turno. El último caso fue la legislación electoral conocida como el Plan B, integrado por dos decretos legislativos. En lo que sigue, desarrollaré brevemente las razones por las cuales consideró que esa doctrina es trasladable al juicio de amparo y porqué puede servir de premisa para apreciar la apariencia del buen derecho y lograr la concesión de la suspensión en su modalidad de tutela anticipada.

El debate de la Suprema Corte frente a la Ley de la Industria Eléctrica se puede analizar a partir de tres ejes. El primero tiene que ver con las reglas de deliberación judicial al interior del Pleno. Desde este eje podríamos preguntarnos si no es el momento de revisar todo este modelo para mejorarlo. La resolución de este asunto hizo evidente un problema distinto que le precede. Los otros dos ejes se encuentran en el fondo del asunto y se relaciona con distintas concepciones constitucionales sobre el capitalismo y el medio ambiente y sobre las reglas y los principios. La reconstrucción que aquí se hizo es eso, una reconstrucción y nada más.

En su aniversario número diez es difícil ofrecer de lo obtenido con las reformas constitucionales de junio de 2011. Al menos, no frente a la polarización que ha trascendido al círculo de los constitucionalistas en 2021 con motivo de las crisis institucionales producidas por la pandemia y el descrédito de la democracia representativa para resolver los grandes problemas de la actualidad ahora más agudizados —desigualdad social, inseguridad y corrupción. ¿Somos testigos de la culminación de la esperada modernización de nuestro modelo constitucional? O, por el contrario, ¿acudimos a presenciar una crisis estructural que pone en riesgo nuestra democracia?