Para la sesión del próximo 9 de agosto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha listado el amparo en revisión 675/2022, promovido por el Centro Prodh contra la reforma a la Ley General de Víctimas que eliminó la obligación de dotar un porcentaje mínimo del presupuesto anual a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para cubrir exclusivamente gastos de reparación integral, medidas de ayuda y de asistencia para víctimas.

En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 90/2020, iniciada luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados impugnara el acuerdo presidencial mediante el cual el Titular del Ejecutivo dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar tareas de seguridad pública. Diversas voces han analizado ya el debate sostenido en el Pleno, incluso en este espacio. Dado que aún le restan a la SCJN otros asuntos relevantes sobre el proceso de militarización en curso y dado que la redacción final de la sentencia respectiva está por elaborarse, es fundamental profundizar en el análisis de lo decidido.

En los últimos días se ha discutido si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con facultades para impugnar, vía acción de inconstitucionalidad, el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, firmado por el presidente López Obrador y los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

La Suprema Corte, con o sin Ley General contra la tortura, debería ser la primera institución interesada en sentar precedentes claros para guiar a los poderes judiciales del país en la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura. Si la SCJN no es capaz de trasladar al Ministerio Público la exigencia mínima de que justifique sus propias pruebas sospechosas, podemos concluir que el liderazgo que alguna vez caracterizaba a la Corte en el tema de exclusión de pruebas ilícitas quedó en el pasado.

En México se sigue criminalizando la protesta social. La existencia de delitos como el de sedición, que por muchos años parecía solamente un mal recuerdo de regímenes autoritarios que consideraban como delito el rechazo a la autoridad, hacen posible que se revivan en situaciones de conflictividad social y que sean utilizados para detener arbitrariamente y procesar injustamente a personas.

Este miércoles 25 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo directo en revisión 7464/2016, cuyo proyecto de sentencia está a cargo de la ministra Norma Piña Hernández. El asunto, según se advierte del archivo disponible en la página de la Corte, cumple con los requisitos de procedencia, es decir, identifica dos problemas de constitucionalidad relacionados con el derecho a la defensa adecuada y al principio de presunción de inocencia, que resultan de importancia y trascendencia para que la Corte defina el alcance, contenido y estándares en la materia.

El Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito está en condiciones de ceñirse a la interpretación que ha sido desarrollada ampliamente por la Suprema Corte, en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de tortura, de libertad personal y de debido proceso, al resolver el amparo en revisión 46/2016. Al mismo tiempo, este Tribunal podrá afectar positivamente la vida de Taylín y la de su familia en su búsqueda de justicia, puesto que su fallo podría traducirse en su libertad.