El acto del pasado martes fue un evento inédito puesto que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia fue ordenado por un tribunal nacional, fue encabezado por el titular de la institución que violó los derechos humanos de Jacinta, Alberta y Teresa y, además, implicó la implementación de una medida de reparación vinculante que no estaba sujeta a la aceptación o discreción de la autoridad. De esta manera, se sentó un precedente a fin de que víctimas de encarcelamiento injusto, acudan a la vía de responsabilidad patrimonial del Estado como forma de exigir una reparación integral del daño.