Quien decida ser árbitro en nuestro país puede estar seguro de que las ofensas que puede recibir en los estadios no será lo peor de su profesión. Por un lado, quien le da órdenes y fija sus condiciones laborales puede decidir de manera unilateral su destino y, por el otro, la Suprema Corte de nuestro país no lo considerará como un trabajador. Si bien este precedente no implica necesariamente que en todos los casos el resultado de un juicio sea el mismo, sí constituye un obstáculo difícil de librar procesalmente. ¿Por qué abunda la precarización laboral en nuestro país? Aquí una de las varias respuestas posibles: por sentencias como ésta, emitidas por la Suprema Corte.

Para concluir, habría con subrayar que la iniciativa priista no introduce herramientas jurídicas que nos permitan regular de un mejor modo nuestro entorno laboral actual ni contribuye a atacar o siquiera disminuir los problemas más apremiantes del mundo del trabajo. Preparada en secrecía, no es difícil advertir que fue diseñada para consolidar el status quo en el que sólo unos cuantos, las mismas cúpulas empresariales y sindicales de siempre, llevan las de ganar.

El 25 de febrero se cumplió el plazo de un año que el Constituyente Permanente fijó para que el Congreso de la Unión hiciera las adecuaciones legislativas necesarias a fin de implementar la reforma constitucional en materia de trabajo publicada en 2017. Senadores del PRI y PRD han presentado ya iniciativas en este sentido, pero la Cámara de Diputados ha ordenado realizar una «amplia consulta» a fin de debatir con mayor profundidad las modificaciones legislativas.