Un empleado recibe la orden de su superior jerárquico de abrir una cuenta de mensajería instantánea en línea –como puede ser whatsapp, el servicio proporcionado por Facebook o Yahoo Messenger-, utilizando una plataforma de acceso público (es decir, no una herramienta web propia y exclusiva de la empresa) a fin de entablar comunicaciones vinculadas con sus labores. El empleado aprovecha el canal y hace uso de él para intercambiar mensajes con su novia y hermano. El patrón se da cuenta de ello y, con ese pretexto, despide al trabajador por haber utilizado recursos de la empresa para fines personales.
Erick López Serrano
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Derecho y Tecnología · Día a Día
Volkswagen y el futuro de la regulación de los autos “inteligentes”
Este somero repaso de algunos de los retos jurídicos que los autos inteligentes traerán aparejados es suficiente para dar cuenta de cómo nuestros códigos legales ocupan ya el asiento trasero mientras los códigos informáticos van tomando el control del volante que antes, para bien y para mal, residía mayormente en los conductores. Detrás de las pequeñas pantallas del tablero se esconderán más secretos e información que las ocultadas por Volkswagen. Nuestros vehículos avanzan hacia la autonomía, pero no es tan claro hacia dónde avanzan nuestros derechos en relación a ellos.
El fin de las horas extras laborales
De este modo, arribamos al peor de los escenarios posibles. Pasamos demasiadas horas en el trabajo, esas horas extras no suelen pagarse, reclamarlas se complica cada día más y ahora la vinculación con el empleo se amplía gracias a nuestros teléfonos y computadoras.
Los drones y el reto jurídico que representan
Es claro que tanto el mercado norteamericano como el europeo se están preparando para un futuro en el que pequeños objetos voladores estarán cada vez más presentes en nuestros cielos. Como socio comercial de los Estados Unidos, México no estará exento de esta tendencia. Queda por saber si nos limitaremos a incentivar la adopción comercial de los drones o si lucharemos también por generar un marco normativo que nos ayude a paliar sus inevitables efectos negativos.
Los circuitos cerrados de televisión: el impacto de la tecnología en el derecho
En el caso del CCTV, tres sentencias dictadas por los más altos tribunales europeos dan cuenta, de forma sencilla, de ciertas complicaciones, apenas la punta de un iceberg que trae consigo una necesaria reconfiguración regulatoria.
Adiós a los derechos irrenunciables de los trabajadores
Suele reclamarse al derecho su continuo rezago frente a lo que pretende regular. En este caso el reclamo parece infundado pues tanto el día a día que millones de trabajadores enfrentan como nuestra justicia laboral marchan al unísono: en los dos ámbitos impera la simulación.
Ciberataques a la prensa: México frente al ciberdelito
Hace unos meses, un par de medios digitales en México (Sinembargo y Mientras tanto) aseguraron haber sido objeto de ciberataques conocidos como Denegación de Servicio o DDoS por sus siglas en inglés (Distributed Denial of Service). Para ambos, cuya sola existencia se da en la red al no editar publicaciones impresas ni transmitir programas de radio o televisión, un ataque de esta clase representa una pesadilla pues se impide a sus lectores acceder a esas plataformas.
Porno venganza: ¿Qué es y cómo regularlo?
El porno de venganza (o revenge porn, como se le conoce en inglés) ocurre cuando una persona sube o comparte en internet imágenes o videos vinculados con la vida sexual de su ex pareja sin el consentimiento de ésta, documentos que en su momento obtuvieron con anuencia gracias a la intimidad existente entre los involucrados. Este fenómeno no tendría la misma repercusión de no ser por el creciente uso de los smartphones, celulares que facilitan la grabación y diseminación de material audiovisual íntimo.
El caso Google: lo que olvida el IFAI
Al haber optado únicamente por la protección del titular de los datos personales sin tomar en cuenta el balance que con respecto al interés público y la libertad de expresión (incluyendo el derecho a acceder a la información) debe realizarse, el IFAI ha actuado de forma parcial. El camino elegido constituye un aval institucional que, aunque no muy efectivo[3], manda una señal que abona a nuestro malestar: los intereses privados que prevalecen sobre el interés público.
El difícil equilibrio entre seguridad pública y privacidad: la lección europea
Todas estas características llevaron al Tribunal a considerar la Directiva como violatoria de los derechos fundamentales mencionados y por ello la declaró inválida. No hubo un rechazo absoluto para las retenciones: podrían resultar viables, pero no en la manera general prevista por el parlamento europeo. Dicho de otra manera, el mensaje de la Corte es que se debe perseguir la seguridad pública pero respetando siempre la privacidad y los datos personales de las personas.