El pasado viernes 19 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara de utilidad pública la “conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras” de tres tramos otorgados mediante título de concesión a Ferrosur, S. A. de C. V. El decreto ordena la “ocupación temporal inmediata” a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S. A. de C. V que es una empresa paraestatal sectorizada a la Secretaría de Marina y que es “integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.

¿Cómo defienden sus derechos político-electorales los diputados y senadores del Congreso de la Unión? Pensemos en legisladores federales de partidos políticos minoritarios o de legisladores federales “sin bancada”, aquellos llamados independientes o que se han separado de un partido político. Imaginemos que alguno de estos legisladores es objeto, dentro del curso normal de las actividades del Congreso de la Unión, de un acto que afecta el ejercicio de su función como legislador… ¿cómo se defiende?

El 22 de noviembre el presidente López Obrador y 18 de sus secretarios de Estado emitieron un acuerdo a través del cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de los proyectos y obras a cargo del gobierno. Y se instruye el otorgamiento de autorizaciones provisionales respecto a los dictámenes, permisos y licencias necesarios para iniciar estas obras. Se instruye que dichas autorizaciones provisionales se emitan dentro de los cinco días a partir de su solicitud y, de no emitirse, se entenderán concedidas en sentido positivo. Con lo que se pretende que estén en posibilidades de iniciar las obras, hasta en tanto se obtienen las autorizaciones definitivas conforme a las disposiciones legales aplicables.

La impunidad que caracteriza a nuestro país y que agravia profundamente a la ciudadanía, ha encontrado un nuevo aliado: el secreto bancario. Y el problema está por agravarse aún más. El próximo 8 de agosto, la propia Primera Sala de la SCJN resolverá un nuevo asunto. En este nuevo caso, la pregunta clave a resolver es la siguiente: ¿Requiere la autoridad ministerial autorización judicial previa para solicitar información bancaria en el curso de sus investigaciones penales?