La Suprema Corte no puede ignorar, por supuesto, los artículos transitorios. Pero lo que propone el proyecto me parece importante: obliga a vigilarlos y acotarlos ferozmente. Los transitorios no pueden subvertir tramposamente al cuerpo de la Constitución. Como su nombre sugiere, su propósito es permitir una transición que lleve al cumplimiento del espíritu de la Constitución.

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Aún hoy, hay quien expresa incomodidad frente a este día, por razones que, si bien son distintas, comparten ciertos elementos. Me gustaría comenzar por una objeción que he escuchado o he leído con frecuencia porque creo que nos permite comenzar a adentrarnos en lo jurídico, que es uno de los puntos que nos tienen aquí hoy. Esta idea de: ¿por qué sigue siendo necesario un día como el 8 de marzo cuando las mujeres “ya tienen todos los derechos”?

El solo hecho de tener que comprar estos productos es consecuencia de una decisión de política pública. El hecho de que, encima de todo, haya que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre estos productos, también. Estas decisiones son las que el colectivo Menstruación Digna México ha puesto a debate. Y este debate ha sido traído al Congreso federal gracias a un grupo multipartidista de diputadas que buscaron modificar la Ley del IVA para que a todos los productos para la gestión menstrual —toallas, compresas, tampones, copas, pantiprotectores, etcétera— se les imponga una tasa del 0%, en lugar de actual del 16% que tienen actualmente.

El 25 de noviembre del 2015, después de acudir a una manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer en la Ciudad de México, Jessica, Lía, Alesana y Rogelio fueron un centro comercial en Paseo de la Reforma. Estando ahí se dividieron: Lía y Rogelio se fueron a Telcel, mientras que Jessica y Alesana trataron de ir al baño. Digo “trataron” porque cuando buscaron ingresar a los sanitarios, varios elementos de seguridad de la plaza las detuvieron, diciéndoles que no podían entrar al baño al que se dirigían —marcado para “las mujeres”— porque “no eran mujeres”.

La lección es clara: si las instituciones no tienen las condiciones para operar adecuadamente, no podrán cumplir con sus mandatos. Otra vez: los estereotipos de género son parte del problema, pero no son el único. Sin el contexto institucional adecuado, no hay cómo garantizar los derechos. Considerando los planes de “austeridad” que se han anunciado por parte del gobierno entrante, el énfasis en las capacidades de las autoridades de cumplir con sus mandatos es incluso más apremiante.

Es necesario preguntarlo: además de los concursos, ¿qué se ha hecho con la política de adscripción que, según ese estudio, tiene un impacto desproporcionado por género? ¿Qué se ha hecho en relación con la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Con las largas jornadas laborales? ¿Con las licencias de paternidad y maternidad? ¿Con las licencias para desempeñar labores de cuidado, más allá de los hijos? ¿Con el acoso en el trabajo? ¿Qué se está haciendo y se va a seguir haciendo para atacar cada uno de estos problemas que, en conjunto, merman la igualdad?