Este modelo de justicia abierta feminista no es una solución cerrada, ni centrada únicamente en las mujeres, sino un proceso continuo de diálogo y participación que nos permitirá construir un sistema judicial inclusivo y equitativo, capaz de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, colectivos y pueblos. Sin dejar a nadie atrás. Es hora de transformar radicalmente nuestras instituciones judiciales para que realmente sirvan a la sociedad y para mejorar la vida de cada una de las personas, particularmente de aquellas que, históricamente, hemos sido excluidas del acceso a la justicia. Lo que pasa en los tribunales nos afecta a todas. La justicia abierta feminista es una apuesta y una aportación política a las justicias de toda la población.