Estamos frente a un nuevo embate. Una reforma constitucional que limita sustantivamente las capacidades de interpretación y control constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que busca reducirlo a meros aplicador textual de la ley y que, expresamente, restringe al TEPJF de ordenar acciones afirmativas que deban ser implementadas por el poder legislativo, una reserva de ley para un asunto cuya evolución se ha logrado principalmente gracias al trabajo de los tribunales electorales.

A continuación, se ofrecen algunos subrayados que buscan destacar los principales argumentos de las participaciones de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF Janine Otálora, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez, en la sesión pública de los días 9 y 10 de abril de este año, donde se decidieron los asuntos de Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y Armando Ríos Piter.

¿Está efectivamente garantizada la autonomía desde una perspectiva orgánica? ¿Hay garantías presupuestales de los tribunales electorales locales? ¿El plazo de siete años previsto para el cargo de magistrado local es fijo? ¿A quién corresponde fincar responsabilidades, y lineamientos de carácter laboral, respecto los magistrados locales? De principio, puede afirmarse que no se previeron mecanismos adecuados y precisos respecto a su régimen institucional, organizacional y presupuestario, circunstancias que han sido utilizadas por los gobernadores locales para tratar de incidir en su estabilidad e independencia.