El 21 de agosto la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California aprobó un acuerdo por el que se conforma una comisión especial en el Congreso, con el objeto de llevar a cabo una consulta ciudadana para que se conozca el sentir de los bajacalifornianos respecto de la ampliación de mandato del gobernador actual de 2 a 5 años.

En todo caso, el asunto parece no haber concluido en su totalidad y todavía está por verse si la nueva determinación del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA puede cumplir adecuadamente con los estándares de fundamentación y motivación requeridos por el TEPJF.

Con independencia de la polémica suscitada por la decisión finalmente adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior; paralelamente, se ha generado cierto desconcierto respecto de las razones para anular o validar esa elección. Concretamente respecto de la conveniencia de recurrir a una figura jurídica propia del derecho penal para aplicarla en materia electoral. Ello porque se alega que las normas electorales, no están diseñadas para cumplir con un canon de juicio criminal, ni que el proceso electoral pueda o deba llevarse a ese extremo.

En la exposición de motivos de la modificación al artículo 134 constitucional, se refiere que uno de los objetivos de la reforma es lograr la imparcialidad de los servidores públicos respecto de la competencia electoral, y evitar que éstos hagan uso de su cargo para promover sus ambiciones personales en el ámbito político… Sobre este último tema, recientemente la Sala Superior emitió un par de criterios que modifican sustancialmente la línea jurisprudencial sostenida por el Tribunal Electoral en los últimos once años, y que generan una importante distinción entre los servidores públicos al servicio del Poder Legislativo y del Ejecutivo.

La semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó el recuento total de votos para la elección a la gubernatura en Puebla. Se trata de una decisión importante que surge a partir del cúmulo de errores e inconsistencias cometidos por el propio Instituto Electoral de Puebla, responsable de organizar la elección local. El nuevo escrutinio y cómputo de votos empezará este martes 25 de septiembre en la Ciudad de México debido al retraso que tuvieron las autoridades electorales en el almacenamiento de los paquetes electorales.

A finales de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto vinculado con la fiscalización de los gastos de campaña de dos candidatos al Senado de la República por el estado de Nuevo León postulados por Movimiento Ciudadano y el PAN. Desde entonces el tema ha sido objeto de gran polémica en diversos medios de comunicación y foros especializados porque la decisión de la Sala Superior trasciende la materia electoral, y aborda temáticas especializadas vinculadas con los derechos de autor, propiedad intelectual y el uso de marcas comerciales.

La pérdida de registro de NA y del PES es una cuestión de gran relevancia para la vida política del país, ya en ambos procesos están involucrados recursos del erario público, el voto ciudadano y la credibilidad de las propias autoridades electorales. De ahí que valga la pena darle seguimiento a lo que resuelva el Tribunal Electoral en los próximos meses.