Aun cuando es de celebrar y reconocer la decisión del pleno de la Suprema Corte, es necesario matizar sus alcances: el proyecto del ministro Alcántara Carrancá también proponía abandonar el criterio sostenido en la acción de inconstitucionalidad 1/1996 relativo a la integración de los titulares de la Sedena y la Semar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero la mayoría de las y los ministros decidieron no hacerlo.

Este artículo tiene como propósito revisar qué papel que ha jugado la SCJN en las discusiones sobre militarización de la seguridad pública en México y la defensa de la Constitución, en un contexto en el que las decisiones que adopten los ministros y ministras en este tema pueden oponerse a los intereses del resto de las ramas del Estado mexicano y de unas Fuerzas Armadas cada vez más empoderadas económica y políticamente.

La mayoría de los ministros coincidieron en que las modificaciones a la Ley General de Salud de junio de 2017 sólo tuvieron como efecto permitir el uso medicinal y científico de la cannabis, no así su uso con fines “lúdicos”. Esto bajo el razonamiento de que interpretar que cualquier acto legislativo pueda impedir a la Suprema Corte de Justicia emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, tendría como efecto hacer nugatorio este mecanismo y el objetivo que persigue: que el principio de relatividad de las sentencias de amparo no se traduzca en un obstáculo para salvaguardar la supremacía constitucional, el principio de seguridad jurídica y el derecho de igualdad.