La reforma judicial concretada el 15 de septiembre y 14 de octubre de este año, pone de relieve la necesidad de una reflexión colectiva sobre la función judicial, del papel que las personas juzgadoras deben desempeñar en el avance de la democracia, de la jurisdicción como motor de cambio para una sociedad más democrática y justa, que busque la realización de los derechos, de las libertades, del desarrollo y de la paz, sin que alguno de sus miembros se quede excluido. Más que una modificación legal, es un cambio paradigmático de la concepción social de la justicia, en la que los jueces son más que sujetos con toga.