El sentido de la justicia constitucional electoral es identificar aquellas conductas que en trasgresión a las normas electorales vulneran la Constitución y, en su función de salvaguarda, restituir el orden constitucional, al determinar una consecuencia jurídica a quien aun con la comisión del ilícito constitucional electoral pretenda desempeñar un cargo público, del cual ha protestado cumplir el texto constitucional. Si bien la ley no reconoce esta previsión, la respuesta está a la vuelta de todas las esquinas, la integridad de los procesos electorales garantiza la legitimidad del ejercicio del poder público; dicho de otro modo, al final están los principios, a los cuales debe recurrir el juez constitucional.
Gilberto de Guzmán Bátiz García
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Democracia y justicia electoral en Chiapas
En la historia de la democracia mexicana es difícil encontrar un momento en que ésta no haya estado sometida a debate. Tal vez sea por la gradual transición que vivió el país durante casi un cuarto de siglo, de un régimen de partido político hegemónico a un sistema abierto y plural, pero lo cierto es que la democracia en nuestro país siempre se ha sometido a discusión. Hoy el debate, sin duda, es particularmente álgido respecto del futuro de nuestra casa de la convivencia sociopolítica. Nuevas preguntas y retos alimentan la conversación pública.
Creer en las diferencias: el deber de la justicia electoral
Las autoridades electorales tienen la sustancial labor de implementar la acción afirmativa indígena, desde la reglamentación de los parámetros que los partidos políticos deben cumplir para acreditar la autoadscripción calificada, en la verificación del cumplimiento mismo y, en su caso, en el análisis legal y constitucional de este proceso, para un día, como Miguel León-Portilla, quien dedicó su vida a creer en las diferencias, se pueda decir que las autoridades electorales, consagran parte de su labor a reconocer las diferencias que posibiliten una democracia igualitaria.