¿Sólo para las personas con un título en derecho está reservada la defensa de los derechos humanos en la materia penal? Esa fue la controversia central del amparo en revisión 835/2018, el cual tuvo como antecedente la solicitud de las madres de sies personas migrantes centroamericanas, víctimas de desaparición en México frente a la negativa de la Fiscalía General de la República a que personas defensoras de derechos humanos —que no eran sus asesoras jurídicas—, tuvieran acceso a los expedientes sobre sus casos.

El pasado 23 de mayo la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el amparo directo en revisión 5223/2015, cuyo proyecto de sentencia elaboró el ministro Cossío. El caso: la condena por el delito de trata de personas a los administradores del club nocturno “Cadillac”. El fallo se ha (mal) publicitado en los medios de comunicación como uno en el que se prohíbe y sanciona como delito la pornografía.