A propósito de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reflexión que no puede quedar al margen es un balance de la misma a la luz de la perspectiva de género, particularmente, respecto los cambios que puede producir la enseñanza de los derechos humanos desde este enfoque.

El 29 de diciembre de 2020, en su conferencia de prensa matutina, el gobierno del presidente López Obrador anunció que la vacuna covid-19 sería aplicada de forma universal y gratuita. Dichas declaraciones han venido a zanjar especulaciones en torno al acceso libre de todas las personas, lo que podría representar la luz al final del túnel para paliar los efectos de esta pandemia. En este contexto, ha arribado una interesante discusión en relación con la distribución y venta de la vacuna por parte de particulares.

Recientemente la segunda sala de la SCJN concedió el amparo y protección de la justicia federal a las personas quejosas en un caso en el que se reclamaba que la omisión del Congreso de la Unión de establecer una ley de consulta previa libre e informada, violaba sus derechos humanos. De acuerdo con las personas promoventes, el poder legislativo federal ha incumplido con lo instruido en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, el cual dispuso que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deben realizar las adecuaciones necesarias para reglamentar lo estipulado en la reforma.

La CNDH, el 28 de enero de 2019, emitió la recomendación general no. 35 “sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la república mexicana”. Al respecto, la determinación adoptada por la CNDH no estaría abordando con claridad las profundas dificultades existentes que implican los debates contemporáneos sobre las mejores formas de aumentar la capacidad de los pueblos indígenas para controlar los usos de sus conocimientos tradicionales.