Ojalá que todo lo ocurrido sea un fuerte llamado de atención para todos los actores políticos del estado de Nuevo León —y de paso de todo el país— sobre las nefastas consecuencias que tiene pretender abusar de los procedimientos jurisdiccionales, de llevarlos hasta el extremo, antes que tener la posibilidad de crear consensos y dialogar por objetivos comunes. Algo, ni más ni menos, que entraña la propia democracia, cerrando de nuevo con Bobbio, es decir, un gobierno de leyes, que no de individuos.

Sirva el presente artículo para detenernos un momento y tratar de explicar desde una óptica jurídica las responsabilidades de los servidores públicos en la Constitución para, posteriormente, enfocarnos en lo concerniente a la peligrosa inclusión del presidente de la República como sujeto de juicio político.