El modelo de comunicación política constituye la arena donde se verifica el juego político y electoral, por lo que es un baluarte institucional del Estado mexicano en el que converge la relación de diversos actores políticos: partidos, candidatos, medios de comunicación, el poder público y la ciudadanía. Pretender modificar su régimen constitucional y legal a partir de un decreto presidencial, más allá de vulnerar el principio de legalidad afectaría el propio sistema electoral porque incidiría en las prerrogativas de acceso a los medios de comunicación de los partidos y candidatos y en el derecho a la información política por parte de la ciudadanía que se encuentran garantizados en la ley fundamental.