Más allá de las simpatías que naturalmente despierta, en el agregado, el perfil de esta terna, lo cierto es que la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos es el futuro y viabilidad de un tribunal constitucional independiente y, en esa medida, de la protección y garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes.

En los siguientes días debería apostarse por la transparencia. Medina Mora debe hacer públicas las razones de su renuncia, mientras que el presidente López Obrador y el Senado también deben justificar las razones por las que las consideran (o no) como graves. Frente a un hecho de este tamaño, no podemos darnos el lujo de no conocer, a detalle las causas de un evento que ha provocado un auténtico terremoto judicial.

¿Es una buena idea imponer prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, extorsión, armas de fuego, robo a casa-habitación, violencia intrafamiliar y una larga lista de etcéteras? Dicho de otro modo, ¿deberían aprobarse las iniciativas que legisladores de Morena, PAN, PRI, PES y PT han presentado para reformar el 19 constitucional?

Hace unos días, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Fernando Silva García, dictó la sentencia correspondiente al amparo indirecto 589/2018. Entre otras cosas, el juez Silva ordenó al presidente de la República “transparent[ar] la designación de los magistrados anticorrupción”. Y también ordenó que el Senado (o la Comisión Permanente) “decida inmediatamente sobre la ratificación o no” de dichos magistrados … Sucede, sin embargo, que la sentencia optó por hacer complejo lo simple.