La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en su agenda de esta semana un caso de máxima importancia para la eficacia de los derechos de los pueblos indígenas en México, y una gran oportunidad para consolidar una tradición corta pero contundente en la defensa de los derechos humanos de manera transversal en el ordenamiento jurídico. El caso es de suprema importancia para el proceso de “constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas” en México —que ha sido demasiado lento y pausado en comparación con otras esferas de derechos- y también para orientar el análisis de múltiples casos que se encuentran ante instancias judiciales en diferentes partes del país.

El día de hoy —13 de mayo de 2020— la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto de resolución del amparo en revisión 928/2019, a cargo de la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek. El asunto que analiza una pretensión de inconstitucionalidad de la ley minera es de suma trascendencia para los derechos de los pueblos indígenas en el país y sin embargo, el proyecto de sentencia afirma que “simple y sencillamente el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados”. Por tanto, la segunda sala propone negar el amparo solicitado en lo relativo a la inconstitucionalidad de la ley minera por falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos indígenas.

La implementación del derecho humano a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es un asunto de primer orden dentro del nuevo paradigma constitucional consagrado a partir de 2011. En el día de hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un asunto vital para el desarrollo de procesos de consulta previa y, con ello, los derechos de participación efectiva y la posibilidad de autodeterminación de los pueblos indígenas en México.