Para que en efecto los derechos humanos se vean priorizados hasta el máximo de los recursos disponibles, el presupuesto tendrá que dar preferencia al gasto social y, por tanto, reducir el militar, sobre todo tomando en cuenta los evidentes efectos negativos deliberados que la militarización produce en materia de transparencia y corrupción, así como en la dignidad de miles de personas, los derechos de las mujeres y en el medio ambiente.

Dejar que las riendas del gobierno estén en manos de quienes han participado en atrocidades es un riesgo para seguridad, la paz, el Estado de derecho y la democracia. Ni la sociedad mexicana ni la comunidad internacional pueden seguir siendo observadoras de cómo se acumulan esos crímenes, ni cómo la impunidad es la regla general. Las opciones para hacer frente a la impunidad militar están sobre la mesa, es tiempo de actuar.

Costará mucho tiempo y esfuerzo lograr una adecuada rendición de cuentas. Cuando ese momento llegue espero que los altos mandos militares o civiles que sean llevados a juicio estén acompañados —como acusados— de esos juristas que con sus acciones u omisiones deliberadas contribuyeron de manera sustancial a alimentar la maquinaria de terror que bajo disposiciones normativas vestidas de leyes o resoluciones judiciales han violentado por años a la población civil indefensa, conductas que debieran ser inaceptables por la humanidad en su conjunto.

La prisión preventiva oficiosa mexicana contraviene el derecho internacional, al tratarse de una forma de detención que es aplicable de manera no excepcional, sino como regla general para esos delitos y en la que los jueces no descartan otras medidas menos lesivas que garanticen la presencia de la persona en el juicio. Es decir, no se hace una valoración individual de las circunstancias del caso que comprueben la existencia de riesgo de fuga, que el acusado tenga la capacidad para alterar pruebas o pueda volver a cometer el delito.

El pasado 10 de mayo, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en ciudad de México (juez de distrito), Fernando Silva García, dictó la sentencia del juicio de amparo 124/2018 (sentencia) en la que declaró que la Ley de Seguridad Interior (LSI) vulnera “las condiciones previstas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece los parámetros de actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz y en consecuencia, viola los artículos 14, 16, 29, 89 y 129 de la Constitución federal”.