Si el caso Cassez se erigió como una sentencia emblemática y disuasoria que retrataba la mala fe policial y ministerial en el contexto de las funciones ejercidas por las autoridades de investigación y de seguridad pública del orden federal apenas en el año 2005. El caso de Duda razonable (ocurrido diez años después) vino a confirmar que una sola sentencia —como una sola golondrina— no puede hacer verano; aun en el contexto de un sistema penal nuevo existen riesgos latentes de germinar malas prácticas en las instituciones. En ambos casos, la resolución no logró jurisprudencia obligatoria.

Recientemente, la primera sala de la Corte, a partir de un proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, resolvió el amparo en revisión 325/2020, cuyos hechos iniciaron con una solicitud de copias de las audiencias del proceso penal de Rosario Robles, por Tojil, A.C. La petición fue negada en el juzgado, bajo el supuesto de que el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales “solo permitía que se le entregaran copias a las partes y la asociación no era parte procesal”.

La resolución aprobada el pasado 31 de mayo del presente año, de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito (Tamaulipas), derivada del amparo en revisión 203/2017 y hecha pública hasta el cuatro de junio, representa un nuevo capítulo para los hechos que han sido catalogados como de lesa humanidad. Esta resolución abarca múltiples temas, entre los cuales destaca, esencialmente, la necesidad de una Comisión para la Investigación de la Verdad y la Justicia.

Ante estas obligaciones, si se evalúa al sistema penal acusatorio, por lo menos en los principales órganos jurisdiccionales, se podría parafrasear un dicho popular de la siguiente forma: el sistema penal acusatorio en México es candil en la “publicidad” de sus audiencias y oscuridad en la “transparencia” de sus resoluciones.

En respuesta, un integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos optó por interponer un amparo a beneficio de la persona que se encontraba atrapada, con el fin de que se ordenara a la autoridad administrativa, encargada de labor, actuara de manera razonable buscando privilegiar la vida de esta persona atrapada en el lugar.

El proceso electoral del 2018 ya se encuentra muy cerca y lamentablemente para la procuración e impartición de justicia, este es el mejor momento en el que se puede vender desinformación a los ciudadanos, con base en los juegos de la política, la manipulación mediática, el heroísmo institucional y el populismo criminal. Tan grave es este momento, que las críticas del Jefe de Gobierno de Ciudad de México hacia el sistema de justicia penal en el modelo acusatorio, ya se han hecho bastante absurdas y entre el gremio de operadores del sistema, existe mofa de dicha circunstancia.