Ojalá que todo lo ocurrido sea un fuerte llamado de atención para todos los actores políticos del estado de Nuevo León —y de paso de todo el país— sobre las nefastas consecuencias que tiene pretender abusar de los procedimientos jurisdiccionales, de llevarlos hasta el extremo, antes que tener la posibilidad de crear consensos y dialogar por objetivos comunes. Algo, ni más ni menos, que entraña la propia democracia, cerrando de nuevo con Bobbio, es decir, un gobierno de leyes, que no de individuos.

No es poco lo que se juega en la resolución de este episodio del caso Duarte. En momentos en que, precisamente, la judicatura se encuentra realizando importantes esfuerzos institucionales para combatir y erradicar la corrupción, lo que está por sentenciar el Tribunal Colegiado bien podría servir para fomentar por el respecto a la Constitución y entender que al tratarse sobre hechos de corrupción, las víctimas somos todos. Pensar que el MP debe ser el único guardián del interés colectivo cuando se denuncia precisamente a funcionarios del MP es tan ingenuo como irresponsable. Ojalá que los magistrados López Benitez, Velasco Villavicencio y Sánchez Frías así lo entiendan.

Más allá de las simpatías que naturalmente despierta, en el agregado, el perfil de esta terna, lo cierto es que la SCJN amerita un proceso de designación a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos es el futuro y viabilidad de un tribunal constitucional independiente y, en esa medida, de la protección y garantía de los derechos fundamentales y la separación de poderes.

En los siguientes días debería apostarse por la transparencia. Medina Mora debe hacer públicas las razones de su renuncia, mientras que el presidente López Obrador y el Senado también deben justificar las razones por las que las consideran (o no) como graves. Frente a un hecho de este tamaño, no podemos darnos el lujo de no conocer, a detalle las causas de un evento que ha provocado un auténtico terremoto judicial.

Cuando deje de ser más sencillo obtener un reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) para una escuela de derecho -la «licencia» que emite la SEP o las secretarías locales en la materia para poder abrir una institución educativa- que poner un Oxxo, y tener una cédula de abogado sea más difícil que comprarla o contratar un coyote, al momento en que el acceso a la justicia no sea una cuestión de clase, tal vez podamos empezar a elevar la calidad de los abogados en México.