El pasado lunes 28 de junio, el pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría calificada de ocho votos la DGI 1/2018, relativa a la prohibición absoluta de consumo de cannabis. Fue apenas la segunda vez que una norma general fue declarada inconstitucional por esta vía desde su reglamentación en 2013. En papel, el número es escandaloso y podría llevarnos rápidamente a concluir que la DGI no está funcionando o no está cumpliendo con los fines para los cuales se creó. Sin embargo, el propio diseño de la figura y el modelo de constitucionalismo que tiene detrás, nos permite cuestionar esa idea.
Juan Luis Hernández Macías
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La tortura en la Suprema Corte: un breve recuento de la jurisprudencia
El propósito de este artículo es presentar una síntesis de cómo han cambiado, en los últimos años, los criterios de la Suprema Corte sobre la relevancia de la denuncia de tortura en la etapa del juicio de amparo para efectos del proceso penal.
Los litigios del presidente López Obrador
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿es contraria a una política de austeridad?
En los conceptos de violación subyace la idea de que toda la operación administrativa de sustitución del aeropuerto de Texcoco por el de Santa Lucía implica una decisión irracional, antieconómica e ineficiente. En consecuencia, se vulneran los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que se establecen en el artículo 134 constitucional. Lo anterior, en el entendido de que ante la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público existe un derecho correlativo a que este se ejerza de manera eficaz.
Rudos contra técnicos. Un nuevo round en una vieja batalla en la Suprema Corte
Si nos viéramos forzados a elegir el caso más importante resuelto por el pleno de la Suprema Corte en el mes de mayo de 2020, sin duda no sería sobre el que me referiré en este texto. En plena pandemia y sesiones públicas por videoconferencia, la acción de inconstitucionalidad 112/2019, respecto de la validez del decreto de reforma constitucional que amplió la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California, acaparó las luces y la atención mediática alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, días después, el pleno resolvió un asunto de enorme relevancia.
La Suprema Corte y el (des)control del proceso legislativo
Lo que hizo el Congreso de la Unión para emitir la Ley Federal de Remuneraciones no solo se trata de una práctica desleal hacia la ciudadanía que expresa su voto periódicamente para renovar a sus representantes y cumplir con sus deberes cívicos, sino que se trata de un fraude a la Constitución y a su cámara hermana en el diseño constitucional de nuestro país.
El silencio y el encierro. Una reflexión sobre el derecho al voto de las personas en prisión
El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva, el máximo tribunal en materia electoral intervino el proceso político ordinario de toma de decisiones para hacer que nuestra democracia sea mejor y sobre todo más justa. Los juicios fueron promovidos por dos personas indígenas tzotziles que actualmente se encuentran privadas de su libertad sin sentencia condenatoria o absolutoria, es decir, en prisión preventiva. Estas personas solicitaron a la Sala Superior que garantizara su derecho fundamental al voto.
Ginsburg vs. Trump ¿Pueden los jueces opinar sobre política?
Ruth Bader Ginsburg, justice de la Corte Suprema de Estados Unidos desde 1993, famosa por ser una de las principales abanderadas del ala liberal de ese tribunal y de acompañamiento eminentemente demócrata, sorprendió a la prensa estadunidense el pasado viernes 8 de julio al referirse con las siguientes palabras sobre Donald Trump, cuya confirmación como candidato presidencial del partido republicano es cuestión de tiempo: “No puedo imaginarme lo que este lugar sería, no puedo imaginar lo que sería este país con Donald Trump como nuestro presidente. Para el país, serían cuatro años. Para esta Suprema Corte sería… no quiero ni contemplar eso. Es tiempo de que nos mudemos a Nueva Zelanda.”
El candidato a ministro de la Corte, Álvaro Castro: sin (tanta) pena, ni gloria
Una vez más, pudimos observar una comparecencia con preguntas llenas de lugares comunes y respuestas evasivas y predecibles. Por una parte, parece ser que los Senadores tienen una visión muy limitada de lo que la Corte hace y debería hacer. La mayoría de las preguntas se limitan a asuntos coyunturales o que encierran polémicas partidistas y dan poco margen para que el candidato exponga su pensamiento sobre lo que debería ser la justicia constitucional en sentido amplio.
Matrimonio igualitario, ¿en realidad una batalla ganada?
¿Qué pasaría si las fuerzas políticas con agenda conservadora reforman el artículo cuarto de la Constitución federal y definen que la familia a la que tenemos derecho es aquella tradicional integrada por un hombre y una mujer? Es decir, ¿qué pasa si la prohibición parlamentaria pasa de la legislación a la Constitución?
¿Qué resolvió al final la Corte sobre el control de su jurisprudencia?
Decir que la Suprema Corte detenta el monopolio de la interpretación es una cosa y otra muy diferente es que ello sea deseable. Pienso que ese discurso va en la línea de desprestigiar la judicatura inferior, y junto con ello la idea incompleta de que debemos invertir todos nuestros esfuerzos en moldear una Corte ejemplar, cuando lo que tendríamos por igual que hacer es reforzar las bases de esa pirámide. La razón práctica y la visión principalista del Derecho, desde mi perspectiva, se vieron mermadas en esta resolución.