Frente a este deterioro institucional generalizado y el ascendente dominio presidencial, cabe preguntarse si el Poder Judicial de la Federación está en un proceso de erosión de su autonomía. Esto es particularmente relevante en un escenario en la que prácticamente todas las políticas públicas impulsadas por la administración del presidente López Obrador, han sido impugnadas por a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo.