La Suprema Corte de Justicia se alista para discutir tres nuevos casos relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Al respecto, el gobierno federal y los gobiernos locales han pedido a la Corte que se abstenga de invalidar la prisión preventiva oficiosa para no poner en riesgo, a su juicio, la seguridad nacional por la posible liberación de unas 68 mil personas. Sin embargo, México está obligado a acatar sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Poder Judicial debe participar en el cumplimiento de las sentencias, además de que los problemas de seguridad nacional y, principalmente, de seguridad pública responden claramente a otros factores.

El pasado jueves 24 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en definitiva en el país el primer asunto, la acción de inconstitucionalidad 130/2019, relacionado con el funcionamiento íntegro de la prisión preventiva oficiosa. Aunque todavía está pendiente de que conozcamos la sentencia, como documento definitivo, a partir de los debates públicos que se llevaron a cabo en el Pleno de la SCJN es posible trazar algunas conclusiones que deberán ser contrastadas con la sentencia que se publique.

El jueves 8 de septiembre de este año, el ministro Luis María Aguilar Morales, después de dos días de discusión en el Pleno de la Suprema Corte retiró su proyecto relacionado con la prisión preventiva oficiosa y prometió elaborar uno nuevo para resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2019. El ministro encontró puntos en común en las intervenciones de sus pares que, en su opinión, evidenciaban la posibilidad de llegar a la mayoría requerida de ocho votos. La tarea del ministro fue construir una propuesta que uniera los puntos de conexión y matizara los disensos. El 24 de octubre pasado, la SCJN hizo público el nuevo proyecto.

México enfrenta una grave crisis en materia de derechos humanos, lo cual ha provocado el aumento de homicidios dolosos, desapariciones, tortura y desplazamientos forzados. En la actualidad, la desaparición de personas es uno de los retos más apremiantes que enfrenta el país en materia de violaciones a derechos humanos.

Si bien el proceso legislativo continúa en curso después de que se aprobó la iniciativa de reforma a seis artículos de la Constitución en el Senado y que eventualmente derivará en la modificación de diversas leyes secundarias, en este artículo nos referiremos a la reforma constitucional que faculta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales asuntos de graves violaciones a derechos humanos, como una excepción a las reglas ordinarias de turno y competencia.