Esta modificación que obliga a todos los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias, fue publicada el pasado 13 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Han pasado más de 190 años desde que se estableció el poder judicial en México — exactamente en el año 1824—. Esto es, la opacidad y la inaccesibilidad de la información han caracterizado a las instituciones encargadas de impartir justicia, durante casi dos siglos.