Si bien es llamativo que un gobierno extranjero recurra a las cortes de los Estados Unidos para actuar directamente en contra de empresas cuya sede operativa y negocio se encuentra en ese país, se trata de una práctica normal y permitida por las leyes estadounidenses. Este artículo, segundo de una serie sobre el inédito reclamo mexicano, analiza precisamente la legitimidad procesal activa -locus standi o standing, como se conoce en el derecho anglosajón. Es decir, aborda la potestad legal del gobierno mexicano para acudir a un órgano judicial estadounidense con la petición de que inicie el trámite de un juicio contra las referidas compañías en su jurisdicción local.