Hoy a través de Twitter o Facebook, los Estados son capaces expresar posiciones que antes, por la rigidez de las comunicaciones o las reglas en los foros de discusión no veíamos. Basta observar cómo, más allá del Consejo de Seguridad, en estos días ha sido sumamente complicado que los Estados se pronuncien en otros órganos de Naciones Unidas u organismos multilaterales. Que los Estados o sus representantes se pronuncien en Twitter o Facebook tiene un efecto en cómo se interpreta la Carta de Naciones Unidad ahora y cómo deberemos leer los hechos de la invasión en los años venideros. Ello tiene el potencial de crear límites jurídicos que antes no existían y evita.
Luis Jardón
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Lion vs. México: una condena internacional a las malas prácticas del poder judicial mexicano
El 20 de septiembre de 2021, el tribunal arbitral en el caso Lion Mexico Consolidated vs. Estados Unidos Mexicanos (Lion v. México) ordenó al Estado mexicano pagar más de $47 millones de dólares, como consecuencia del actuar de ciertos juzgados y tribunales del Poder Judicial de Jalisco y del Poder Judicial de la Federación. El caso es paradigmático porque representa la primera vez que México es sancionado bajo el estándar internacional de “denegación de justicia” en un arbitraje inversionista-Estado al amparo del capítulo XI del TLCAN. Además, es uno de los muy pocos casos en que un Estado ha sido condenado por esta violación.
Caso Evo: ¿y si nos demanda Bolivia?
En un capítulo más de la saga del asilo político otorgado a Evo Morales, la semana pasada la cancillería boliviana presentó una protesta formal al gobierno federal de México por lo que llamó permitirle realizar actividades conspirativas e incitar a la violencia desde México. Como consecuencia de un vídeo filtrado en redes sociales, Bolivia considera que las actividades de Evo Morales en el país atentan contra “la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano”.
México y el arbitraje inversionista-Estado: ¿tormenta en el horizonte?
A la fecha México ha concluido 16 arbitrajes con distintos resultados, de los cuales 13 han sido interpuestos por inversionistas estadounidenses. Ello naturalmente se explica en el hecho de que la mayor inversión extranjera directa que recibe el país proviene de Estados Unidos. Lo que es difícil de explicar es la naturaleza de los casos que han enfrentado el Estado mexicano.