Al respecto de las reformas a la Ley de Amparo, vale la pena reflexionar sobre algunos riesgos de restricción de figuras clave como el interés legítimo y la suspensión.

Desde la pregunta de porqué se atrajo un amparo en revisión que a primera vista no parecía guardar importancia y trascendencia para el orden jurídico mexicano —justificado por el ministro presidente Zaldívar bajo el argumento de que “tiene que ver con la afectación que el caso está generando a la honorabilidad de la Fiscalía General de la República”— hasta la filtración de los audios del Fiscal refiriéndose al proyecto de resolución, se trata de uno de los casos más polémicos que ha conocido la Suprema Corte en historia reciente. En medio de todo este ruido, este artículo propone una mirada objetiva a las complejidades del caso y su impacto al futuro. Para ello nos preguntamos ¿de qué trata el asunto?, ¿cuál ha sido su tramo procesal?, ¿qué proponía el proyecto?, y ¿cuáles son las implicaciones jurídicas del caso?

Estamos ante una reforma que no necesariamente está encaminada a lograr los objetivos tan ambiciosos que propone, pero que debe celebrarse frente a las alternativas que empezaron a circular con la llegada del gobierno de López Obrador. Es un comienzo para la mejora de la justicia federal, pero que no debe quitarse el dedo del renglón en temas centrales que no aborda.

Si bien reconocemos la necesidad de reducir el gasto gubernamental, cuestionamos que la austeridad sea un fin en sí mismo, al estimar que debe evaluarse la eficiencia en el actuar de cada uno de los órganos del Estado para lograr los objetivos constitucionales. Damos cuenta con diversos instrumentos y pronunciamientos nacionales e internacionales en materia de regulación, competencia económica y derechos humanos para demostrar que los órganos reguladores autónomos y con especialidad técnica son parte de una infraestructura que hace efectivos los derechos.

En estas líneas doy cuenta de cómo la lucha de estos dos activistas logró que, el 14 de agosto de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte (SCJN), bajo la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, emitiera una resolución histórica, en la que concluyó que la omisión del poder ejecutivo federal de emitir el reglamento sobre cannabis medicinal violaba los derechos de Carlos, ordenando su publicación en 180 días hábiles.

En esta segunda parte abordaremos el estudio y la discusión del segundo argumento transversal formulado en las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y una minoría calificada de Senadores —105/2018 y su acumulada 108/2018— en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos… Se trató de la omisión relativa de fijar parámetros objetivos para delimitar el salario presidencial, el cual logró la mayoría calificada de ocho votos para invalidar los artículos 6º y 7º del ordenamiento, en la parte que no había sido sobreseída.

En esta serie de dos entregas pretendemos dar cuenta del resultado de la discusión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas respectivamente por la CNDH y una minoría calificada de Senadores en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos —la cual tuvo lugar los días 13, 14, 16 y 20 de mayo de 2019—.

En el contexto de las recientes declaraciones del Ejecutivo y el presidente del Senado en torno a las autonomías constitucionales, es pertinente formularse las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el rol de los órganos constitucionales autónomos (OCAs) en nuestro orden constitucional? ¿Por qué defenderlos?