En un Estado como el mexicano donde las perpetradoras de las vejaciones a los derechos humanos están en los ministerios públicos, los cuarteles militares y las casas de seguridad por igual, han sido las víctimas, a través de la inundación de las calles, de la irrupción de eventos públicos y de su existencia continua e imprudentemente política, las que han exigido y ganado los pequeños pasos que el Estado ha tomado para esclarecer, justiciar y reparar lo que le ha pasado a sus desaparecidas, torturadas y asesinadas.