Recientemente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por distintos actores en contra de la reforma al Poder Judicial y si bien, no se alcanzó la votación requerida para declarar inconstitucionales (y en consecuencia inválidas) —con efectos generales— las normas demandas; eso no quiere decir que exista un reconocimiento de validez de éstas por parte de este tribunal constitucional. Este artículo busca explicar esa diferencia técnica, dar contexto de lo ocurrido y esbozar las prospectivas a futuro luego de esta resolución.

La iniciativa de reforma a los poderes judiciales federal y locales presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y seleccionada como prioritaria por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha llamado la atención de personas integrantes de la sociedad civil organizada, académicas y funcionarias públicas, particularmente por los problemas asociados a la elección por voto popular de personas juzgadoras. Sin embargo, poco se ha hablado de los efectos que tendría la reforma, de aprobarse en sus términos, respecto de los medios de control constitucional. Este artículo aborda, en particular, el caso de las acciones de inconstitucionalidad.

Sin duda, la determinación de la SCJN privilegia la transparencia y la rendición de cuentas de una institución que se caracteriza precisamente por su opacidad. No obstante, el camino por recorrer es aún largo, pues la evolución patrimonial de veintitrés ingenieros militares encargados de la construcción del AIFA es apenas una pequeña parte del universo de fuentes de posible enriquecimiento de las Fuerzas Armadas, que no agotan con la construcción del AIFA, la Secretaría de la Defensa Nacional también tienen a su cargo la construcción del Aeropuerto de Tulum. La ampliación y mejora de los aeropuertos de Chetumal y Palenque y la administración, operación y explotación de todos ellos, así como la operación de una aerolínea comercial y la construcción del Tren Maya.

En la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del martes 29 de noviembre de 2022 se discutió y aprobó el proyecto de resolución de la controversia constitucional 90/2020 promovida por la Cámara de Diputados en contra de Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Este asunto fue proyectado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat y consiguió ser avalado por siete de sus colegas que integran el Pleno. Pero ¿en qué consistió la demanda? ¿Qué planteaba el proyecto? ¿Cuál fue la discusión que se dio en torno a esto? ¿Qué implicaciones tiene dicha resolución? Y, sobre todo, ¿Qué sigue después de esto?