La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez de los artículos reformados porque éstos han generado diversas violaciones en materia de derechos humanos a partir de su introducción en el sistema normativo mexicano. Básicamente, con ellos se ha creado un sistema de incentivos y castigos para que las empresas sean quienes determinen qué contenidos son lícitos o no, supliendo la obligación estatal de determinar la legitimidad, proporcionalidad y necesidad de la protección al derecho del autor vis a vis el derecho humano a la libertad de expresión.