Lo que presenciamos hoy fue como la Corte se autoadscribió facultades que la Constitución no le da. Tal vez por ser deferente a la voluntad popular, acaso por ser deferente con el presidente López Obrador. Sin embargo, lo cierto es que tenemos al guardián de la Constitución actuando de forma inconstitucional. Lo cual, sobra decir, no es grave, es gravísimo. Sin exagerar: quizá con esta decisión hemos perdido el último contrapeso de nuestro sistema constitucional.

No quiero pecar de ingenuidad: sé que la relación entre política y derecho es estrecha, de múltiples aristas y que el derecho usa a la política, y viceversa. Tampoco quiero pecar de formalista, de ser un fetichista legal y constitucional, que ve en la letra de la ley mandatos de bronce atrapados en una caja de cristal. Pero, en verdad, la petición de consulta constitucional enviada por el Ejecutivo al Senado, y por éste a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene pies ni cabeza.

Por fin, se resolvió el famoso asunto conocido como Ley Bonilla. Como se sabe, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Franco fue elogiado y apoyado por unanimidad. Las redes se inundaron de aplausos, algunos editorialistas se llenaron de júbilo y, con el pecho inflamado, repetían “Hay Corte”, “Habemus Corte”, “Existe la división de poderes”. Algo de la reacción dice mucho sobre el espíritu de nuestros tiempos. Como se mencionó en este espacio, la reforma fue tan burda que, en verdad, desde cualquier óptica era un atentado constitucional. Pero corren tiempos en donde el derecho ha sido tan desdeñado que hoy se celebra su correcta aplicación.

Muchos han dicho que el debate es ocioso porque no han presentado formalmente ninguna iniciativa. No lo creo. No estamos debatiendo la “nada” porque ya hay indicios de esta desesperación autoritaria. Ya se aprobaron tanto la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como las modificaciones legales que equiparan la defraudación fiscal con delincuencia organizada —que, por cierto, merecerían tanto arraigo como prisión preventiva oficiosa, ambas medidas regresivas.

Vivimos en tiempos en donde recordar lo fundamental se torna necesario. A unos días de que se elija a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vale la pena recordar, brevemente, qué es lo que hace un juez constitucional y por qué es tan importante su función.