El pasado 25 de mayo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia realizó el estudio del amparo en revisión 96/2022, que abordó el tema de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Una mayoría de ministros votó en contra de la propuesta, de tal manera que el asunto reenvié a otro ministro para elaborar un nuevo proyecto de sentencia. En el centro del debate de este asunto están dos posturas de enorme relevancia para el orden jurídico mexicano: por un lado, preferir las restricciones constitucionales de acuerdo con los argumentos de la contradicción de tesis 293/2011 y del varios 1396/2011 o, por el otro lado, abrir la posibilidad de ‘inaplicar’ o inclusive declarar la invalidez de reformas a la Constitución.

Cuando en el futuro se hable de la forma en que las autoridades sanitarias enfrentaron la pandemia de covid-19, encontraremos una visión histórica bastante cuestionable y; por otro lado, una verdad jurídica que será implacable ya sea determinada por los tribunales mexicanos o por instituciones internacionales más allá de nuestras fronteras.

Lo discutido por la Corte representa una revolución copernicana que deberá estudiarse con detenimiento, pues el deber oficioso de prevenir violaciones a los derechos humanos, nos podría acercar en el futuro al mismísimo control constitucional de los impedimentos técnicos para el conocimiento de fondo de los juicios de amparo.

Vacunar a las niñas, niños y adolescentes mexicanos no debe ser entendido como un gasto superfluo o innecesario, sino como un acto legítimo y congruente de respeto y garantía de su derecho humano a su salud; en los próximos repuntes de la pandemia de covid-19, se pondrá a prueba si somos capaces de proteger a la infancia mexicana. Su salud y su vida como parámetro de civilización de nuestra sociedad y, sobre todo, para entender si nos tomamos en serio el principio del interés superior de la niñez, más allá de los discursos políticos.

En los casi 150 años que tiene de vigencia, la figura de la desaparición de poderes no puede ni debe leerse en clave de persecución o vendetta política, pues sus fines originales consistieron en principios de la mayor relevancia como el federalismo, la forma republicana de gobierno, así como los derechos políticos de los ciudadanos. De tal manera que, más allá de nuestras fronteras, los actos u omisiones que deriven de una eventual desviación de poder en el marco actuaciones arbitrarias, también puedan ser objeto de análisis y condena en los respectivos foros internacionales.

La más grande campaña de vacunación en la historia de México presenta áreas de oportunidad constitucional. Soslayar estas fallas jurídicas podría traducirse en impugnaciones a futuro y, no menos importante, en un plan mal diseñado anclado en una falta de certeza para la población sobre cómo proteger su salud.

El tema recién propuesto a debate por el presidente López Obrador consiste en consultar a los ciudadanos mexicanos si desean llevar a juicio a los expresidentes de la República.