La pregunta clave a responder es: ¿la Suprema Corte plantea prohibir a todas las personas colocar nacimientos de Cristo? La respuesta es no. La eventual sentencia no prohibiría la navidad, ni que las personas en lo particular puedan continuar con dichas prácticas o cultos, bajo su libertad de creencias y religión. El proyecto de sentencia propone que para respetar el Estado laico las autoridades no puedan colocar símbolos relativos a alguna religión, ni mucho menos sufragado desde el erario.

El proyecto de sentencia propone declarar fundados los agravios hechos valer por las organizaciones, señalando que el amparo es procedente y que el Congreso de Yucatán violó los derechos a la libertad de expresión en su dimensión social, así como la participación política, derivados de llevar a cabo un método de votación ilegal. En ese sentido, se espera que la Primera Sala de la Suprema Corte sea congruente con la línea de defensa de la libertad de expresión en el país, y emita criterios claros y sólidos para la defensa de la democracia, dejando un claro mensaje al Congreso de Yucatán de legislar de manera transparente y protectora de derechos humanos.

La justiciabilidad de las omisiones legislativas ha estado sujeto a vaivenes en la última década; en especial, respecto la procedencia del juicio de amparo para hacer frente a aquellas legislaciones que excluyen el matrimonio igualitario. En este sentido, una vez más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría abordar este tema a partir de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el caso Colectivo PTFY vs. Congreso de Yucatán.

El caso Elvia sería para la Primera Sala de la Suprema Corte una oportunidad inédita de pronunciarse sobre la complejidad en la que viven niños, adolescentes y adultos con hipocondroplasia u otras limitaciones físicas, así como combatir la desigualdad en la educación, la cual está aún lejos de ser completamente inclusiva en materia de ajustes razonables en la infraestructura.

Este 3 de junio de 2020, la Primera Sala de la SCJN tendrá en sus manos la oportunidad de declarar inconstitucional la omisión de censar a una población marginada, vulnerable e invisibilizada no infrecuente desafortunadamente en nuestro país: los asentamientos informales. Y que hasta ahora el INEGI se deslinda de su responsabilidad de censar también a este tipo de poblaciones a pesar de estar obligado a ella.

Es turno de la SCJN de establecer precedentes inéditos para la democracia del país. Estamos hablando de claras y flagrantes violaciones a derechos humanos. Los ministros tienen la oportunidad de establecer criterios claros y específicos para fiscalizar el actuar de los Congresos, tanto en la forma (votación) como en el fondo (aprobación del matrimonio igualitario) en el caso de Yucatán.