La reforma aprobada, y aún no publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta este momento, propone una estructura fiscal punitiva para el sector social que no hace más que debilitarlo al grado de incluso poder llevarle a la extinción. Estas reformas a la LISR no solamente crean una estructura burocrática insostenible para las organizaciones de la sociedad civil sino que además es incluso violatoria de los artículos 1 y 22 de constitucionales ya que impone penas trascendentales prohibidas sin justificar su existencia en la exposición de motivos de su creación. Es decir, el ejecutivo deliberadamente busca generar las condiciones que mermen a la sociedad civil en su punto más débil: la recaudación de fondos y la administración burocrática.