Personas juzgadoras sin experiencia difícilmente conocerán la cantidad de fuentes del derecho de las que hoy se compone nuestro sistema jurídico. Además, estas personas no tendrán las habilidades ni el entrenamiento para exportar o crear métodos interpretativos novedosos, y si es que lo podrán desarrollar con el tiempo mediante una “curva de aprendizaje”, no debe perderse que el costo de ello es que los derechos de la ciudadanía como su patrimonio o libertan están en peligro. Pero, sobre todo, las personas juzgadoras que perciban que su legitimidad proviene del voto popular, difícilmente se sentirán con el deber de seguir y aplicar precedentes de otras autoridades jurisdiccionales.

Si queremos dar un paso adicional a la materialización de la reforma constitucional de derechos humanos, tenemos que buscar la manera en que se generen las condiciones para hacer efectivo el ejercicio y reconocimiento de nuestros derechos fundamentales en la cotidianeidad de la vida y, para ello, los precedentes judiciales deben vincular a las autoridades administrativas.

Uno de los temas de mayor interés de la reforma constitucional de 2021 al Poder Judicial de la Federación (PJF) es el relativo al precedente judicial. A dos años de dicha enmienda vale la pena formularse una pregunta clave: ¿qué problemáticas o retos enfrenta su implementación en la práctica cotidiana de los juristas?

El verdadero reto y el punto en el que el gremio de abogados debe concentrarse es, precisamente, en su implementación, pues la expedición per se no implica que se superen los problemas de la justicia cotidiana, pues ahora tocará al legislador hacer frente al tema de la implementación y respetar el plazo que se tiene para hacerlo. El dictamen recientemente aprobado por ambas Cámaras del Congreso contempla en su artículo segundo transitorio que se emita la declaratoria de vigencia a más tardar el 1.º de abril de 2027 —lapso dentro del cual el legislador debe hacer las adecuaciones pertinentes—.

Existen dos formas de persuadir a un juez o un jurado: i) con líneas argumentativas basadas en premisas cuyo contenido es acorde al derecho; ii) o con trampas argumentativas que se alejan por completo del rigor dialéctico, es decir, con falacias. Anteriormente, hemos visto en este mismo espacio, algunos vicios de la argumentación que son comunes en el mundo jurídico y político. Ahora, quisiera centrarme en los juicios de orden criminal.

En sí, considero que estos casos confirman la moralidad argumentativa que implica (en ciertas ocasiones) el emplear un test de proporcionalidad como herramienta metodológica para atribuir significa a nuestra Constitución.

El precedente es uno de los temas que mayor resonancia tiene la reforma judicial y la entrada de la Undécima Época. La aplicación del precedente obligará a todos los operadores del derecho a modificar su práctica jurídica. Dominarlo será un factor decisivo para la argumentación de los litigantes y miembros de la judicatura.

Se dice que los abogados son los herederos contemporáneos de los sofistas, pero yo diría que no es una herramienta exclusiva de juristas, sino también de la clase política. Aquí algunos clásicos.