Hace unos días, el senador Monreal presentó una iniciativa para reformar la ley de amparo, específicamente, el tema de sanciones. La iniciativa tiene por finalidad dos puntos: i) incluir un artículo (260 bis) que sancione a los abogados postulantes que se encuentren representado a personas en los juicios de amparo por presuntos actos que retrasen deliberadamente el proceso judicial y; a su vez, ii) facultar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para substanciar y sancionar a los abogados que incurran en las causas que señala la propuesta a través de un procedimiento administrativo sancionador.

La Primera Sala sostuvo que no procede indemnización económica por daño moral al realizar un acto de infidelidad sexual en el matrimonio, pues este no puede considerarse como un hecho ilícito bajo las reglas de la responsabilidad civil.

Podría argumentarse que el actual procedimiento de designación es correcto, pues en él sí se garantiza la división de poderes al incluir al presidente, mediante la formulación de la terna de candidatos, y al legislativo, a través de la votación a favor de uno de éstos. La realidad, no obstante, demuestra lo contrario. Urge esta discusión e incluir a la sociedad civil para que su participación pueda verse materializada y sea un verdadero contrapeso o, al menos, sus preocupaciones valgan dentro del Senado.

El amparo en revisión 163/2018, elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, contiene argumentos bastante interesantes respecto de los derechos de los animales y del derecho humano a la cultura. Este debate inicia debido a la promoción de un amparo indirecto en el cual se señaló como autoridades responsables al Congreso de la Unión y al Gobernador del estado de Veracruz.

En el mundo existe una gran diversidad de temas que se prestan al debate público. La tauromaquia es uno de ellos. Desde hace años se han encontrado posturas a favor y en contra sobre esta actividad; muchos la consideran como una tradición o como una cultura (en España, por ejemplo); otros la definen más como un deporte o un arte. Mientras que varios grupos de activistas e incluso personajes políticos han considerado esta actividad como una cruel tradición, una actividad violenta, denigrante y que pone en peligro el medio ambiente. Así, el debate de las corridas de toros llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde su Segunda Sala resolverá este tema.