El supuesto asesinato de un trabajador del HEB en Torreón pone sobre la mesa cuestiones relevantes en torno a la responsabilidad de la empresa empleadora y cómo se pueden evitar tragedias como ésta.

El 7 de junio de este año se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Trata para incluir como forma de explotación laboral las jornadas de trabajo que se encuentran por encima del límite previsto por la Ley Federal del Trabajo. Con la reforma se establecen penas de privación de la libertad para las personas físicas responsables. Además, parecería que con la reforma se busca que las personas jurídicas se hagan responsables de prevenir tales condiciones de explotación.

La violencia de género en el mundo del fútbol mexicano es una realidad latente. Desde hace algunos años, los medios de comunicación han puesto el foco en esta problemática, mediante la visibilización de casos de hostigamiento sexual en contra de jugadoras de la selección femenil sub 20, de violencia de género digital en contra de jugadoras del Club América y Tigres, así como otros testimonios de violencias graves y normalizadas.

Si la marca Dior real y sustantivamente buscara “llamar la atención” sobre los derechos humanos de las mujeres mexicanas, utilizaría su influencia y poder en el sector para mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadoras a través de procesos que aseguren que las empleadoras en México cumplan con los más altos estándares internacionales en materia de derechos laborales. Sin embargo, la empresa francesa, aun teniendo la influencia, el poder, siendo una empresa que en 2020 tuvo una ganancia de $50 800 millones de dólares, no prioriza ni considera apoyar las garantías de los derechos laborales de las mexicanas.

La Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), órgano rector del fútbol en mexicano, ha anunciado, repetidas veces, su supuesto compromiso con los derechos humanos incluyendo la igualdad de género. Sin embargo, este compromiso se ha quedado plasmado en sus comunicados, en sus estatutos y en documentación que han preparado en el marco del mundial de fútbol varonil de 2026, sin realmente tomar medidas concretas para combatir la discriminación y erradicar la violencia en contra de las mujeres. No solamente se trata de un compromiso sin acciones, sino que también parecería que existe un incumplimiento de su parte respecto de sus obligaciones legales en materia laboral. Veamos.

Este sentido, recientemente, en abril de 2022, entró en vigor el decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 8 de la Ley General de Comunicación Social. Esta adición establece que las campañas de comunicación social de todo ente público deben, como regla, utilizar el lenguaje incluyente, libre de discriminación eliminando cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.

En el marco de la Copa Mundial de 2026 y ante la situación de discriminación estructural que se vive en el país en contra de la comunidad LGBTIQ+, es fundamental que las asambleas legislativas de las ciudades sede comiencen adoptar e implementar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y busquen reformar leyes como la LCEPDF. La protección y garantía de los derechos humanos no puede estar condicionada a las exigencias o presiones de una organización con fines de lucro como la FIFA, sino en la acción proactiva del Estado mexicano y sus órganos constitutivos.

La ratificación del Convenio 190 y la implementación de las medidas establecidas en su Recomendación 206 constituyen iniciativas al alcance del Estado mexicano para atender la violencia en contra de las mujeres –tanto familiar como doméstica– y cumplir con sus obligaciones y compromisos en materia de los derechos humanos de las mujeres mexicanas. Por eso, frente al contexto de la nueva normalidad, es necesario que el Estado mexicano ratifique el instrumento internacional de la OIT y desarrolle normativas y políticas que busquen atender y mitigar la violencia de género en todos los ámbitos, incluyendo los espacios públicos y privados de las mujeres mexicanas.

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), con el propósito de facilitar a las personas empleadoras del sector privado el cumplimiento de sus obligaciones, publicó en marzo de este año el Modelo de protocolo para la prevención, atención y erradicación de violencia laboral —instrumento que supuestamente permite atender casos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo—. Sin embargo, lo cierto es que este protocolo modelo no cuenta con los elementos esenciales para prevenir, atender, ni erradicar la violencia de género en los centros de trabajo.