Pareciera que en los últimos meses el reflector de las decisiones y deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha centrado en qué tanto favorecen o contrarían las decisiones de política pública que ha impulsado el proyecto político que encabeza el actual presidente de México y su fracción parlamentaria mayoritaria en el Poder Legislativo. Sin embargo, hay determinaciones del tribunal constitucional mexicano que son pequeños pasos hacia delante en la garantía y protección de los derechos humanos que debemos destacar y analizar.

Este artículo no se pronunciará respecto si una política prohibicionista de los productos del tabaco es idónea o sobre el daño que estos puedan provocar a la salud; tampoco sobre el impacto que la publicidad, promoción o patrocinio pueda tener sobre el consumo de estos productos en México toda vez que son temas que requieren opiniones de especialistas en la materia. Sin embargo, analizaremos la problemática jurídica que representa establecer prohibiciones absolutas vía decretos reglamentarios que, a primera vista, no tienen sustento en la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) y, por tanto, pueden contravenir el principio de legalidad, reserva de ley y subordinación jerárquica, según se explica más adelante.