La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un gran paso el pasado 16 de noviembre al declarar, con abrumadora mayoría, la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Con ello, se avanza no sólo en la construcción de un tribunal independiente e imparcial, sino también en la efectiva garantía de los derechos, especialmente civiles y políticos. Sin embargo, tal muestra de solidez institucional parece flaquear cuando se trata de derechos económicos, sociales y culturales de pueblos y comunidades indígenas, por un lado, y la actuación de empresas transnacionales, por el otro.