Ahora bien, ante esta diferencia de reglas, se ha presentado la duda legítima sobre ¿cuándo es la fecha de cierre de la convocatoria para el proceso electoral extraordinario a celebrarse en 2025?

En un sorpresivo movimiento, un diputado integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que, disfrazada de reforma a la Ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, pretende limitar la procedencia del juicio de amparo u obligar su sobreseimiento cuando en vía de controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad se impugne la constitucionalidad de una norma general y no se alcance la votación mayoritaria requerida de 8 votos para su invalidez.

La determinación del ministro instructor vulnera la finalidad y objeto de la controversia constitucional como ha sido reconocido por las jurisprudencias fundantes de este medio de control, por lo que poner de pretexto la última y forzada reforma al artículo 105 de la Constitución sólo reduce el ámbito de la vía de control de manera artificial frente a los conflictos reales que se presentan entre autoridades de los diversos ordenes establecidos en el texto constitucional.

En una época en la que los órganos constitucionales y, en particular, las salas y el pleno de nuestro Tribunal Constitucional, se encuentran sujetos a grandes presiones políticas para decidir en un sentido que favorezca al partido actualmente en el poder, se agradece una resolución que abone a su autonomía e independencia, así como al reforzamiento del principio federal en nuestra república, fortaleciendo así, en lugar de debilitar, los pesos y contrapesos previstos en la CPEUM.

En reiteradas ocasiones el senador Ricardo Monreal ha insistido en que se puede y debe iniciar el procedimiento de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 76 de la Constitución federal como facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. Sorprende su posición como senador y doctor en derecho dada la regulación actual de la figura que se derivó de un mal uso histórico de la facultad.