La reforma política a la Constitución mexicana de 2007 exigió redefinir la línea que divide a la libre expresión del desafío a la equidad que requiere cualquier contienda electoral. El modelo de comunicación política-electoral cambió para subsanar la cobertura mediática observada en las elecciones presidenciales de 2006. Ahora el artículo 41 constitucional prohíbe la adquisición o contratación, directa o indirectamente, de tiempos en radio y televisión por parte de los partidos políticos o las candidaturas.

El reconocimiento de la figura del diputado migrante abona al sentido de pertenencia e implica un avance de los derechos políticos y electorales de la diáspora. La derogación de este escaño por el Congreso de CDMX implicó no solo una vulneración al principio de progresividad de los derechos humanos, sino también un retroceso en la decisión política de establecer un vínculo con la diáspora nacida en esta ciudad para darle un sentido de pertenencia, reconocimiento y representatividad. Los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior son parte de la nación y aunque se desarrollen en otro lugar, sus raíces, cultura e ideología seguirán influyendo en el país.

En México, no es fácil constituir un partido político, pero tampoco lo es mantenerse dentro del sistema. Durante la primera elección que enfrentarán estos nuevos competidores postularán candidaturas sin formar coaliciones, tendrán menores recursos de financiamiento, así como menores tiempos de radio y televisión y, a pesar de ello, deberán obtener al menos 3% de la votación válida emitida. En última instancia, abogo por “abrir” los canales de participación institucional para conducir –en forma ordenada y bajo un marco democrático– las demandas legítimas de una sociedad cambiante; dejando en el voto de la ciudadanía la decisión final.

Finalmente está en manos de la ciudadanía usar su voto razonado en las próximas elecciones para definir si el PES permanece o no como opción en el sistema de partidos.

El reto que enfrentarán la sociedad y la democracia mexicana durante el proceso electoral del siguiente año es complejo. La Sala Superior y los jueces estaremos obligados a hacer una interpretación del derecho, de tal manera que la racionalidad lógica y jurídica con la que se definan las sentencias consoliden al TEPJF como un órgano predecible y confiable cuyo objetivo responda al papel que se nos otorgó con nuestro nombramiento: ser los garantes de la integridad del proceso electoral 2020-2021 conforme a los principios constitucionales estipulados para nuestro sistema democrático.

¿Cómo trasciende el principio de paridad en el ejercicio de la representación política sin violencia política de género? Analicemos a partir de un reciente caso en el Congreso del estado de Morelos, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto es lo que en la sentencia SUP-JDC-1862/2019 se denomina como un “giro participativo” en cuanto a la igualdad de género, lo que implica que tanto hombres como mujeres participen en la toma de decisiones que afecta a toda la ciudadanía, porque esto refuerza la calidad deliberativa de un diálogo democrático.