Consideramos que la discusión más relevante en el caso no debía girar en torno al proceso de designación de la titular de la CNDH, sino sobre el tema central del fondo de la controversia. Es decir, más allá de estudiar cuál fue el proceso de designación, era necesario analizar la necesidad de implementar herramientas de cuestionamiento y verificación de los procesos al interior del Senado.

Podemos afirmar que el corrimiento de una fórmula matemática no tiene porqué dejar espacio a la interpretación, incluso, la fórmula electoral tendría que ser lo suficientemente clara para que cualquier ciudadano que quisiera correr el ejercicio pueda hacerlo. Al correr estas fórmulas, no enfrentamos estimaciones estadísticas sino sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, por lo que, entre más transparente sean las asignaciones de los cargos de representación política, menores recursos se invertirán en resolver impugnaciones y nuestra democracia podría ser crecientemente de mejor calidad.

Aunque esos criterios se basan en normas fundamentales, y tenían el objetivo de proteger derechos humanos, tuvo como resultado que se modificara una de las reglas principales sobre un presupuesto procesal, que en la práctica generaba problemas en su aplicación, al grado de que no era previsible, ni para las partes ni para los propios jueces y tribunales obligados, saber cuándo una demanda que involucraba los derechos de las comunidades y pueblos indígenas estaba en tiempo.

Principalmente, me enfocaré, en dos de los agravios que el PES planteó en su demanda. Por un lado, la posibilidad de que la regla constitucional que exige a un partido obtener el 3% de la votación válida emitida para conservar su registro puede ser interpretada a fin de utilizar un parámetro basado en escaños. Y, por el otro, que en la legislación electoral mexicana no existe un recurso efectivo que les permita a los partidos verificar el número exacto de votos que obtuvo, para efecto exclusivo de evaluar si mantiene o no su registro.

El pasado 24 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente SUP-REP-594/2018 y acumulados. En dicho asunto una asociación civil, así como diversas concesionarias de radio y televisión, impugnaron la sanción que les impuso la Sala Regional Especializada del TEPJF por haber incurrido en la infracción consistente en haber contratado propaganda electoral en radio y televisión dirigida a influir las preferencias electorales de los ciudadanos.

En ese contexto de discusión, surgen los siguientes cuestionamientos sobre lo que sucede jurídicamente cuando un candidato utiliza marcas comerciales en su campaña o cuando alguna empresa, a través de su marca comercial, patrocina una candidatura. ¿A quién beneficia esta relación, a las candidaturas o a las marcas? ¿Está permitido? ¿El uso de las marcas comerciales coloca a los candidatos en una situación de ventaja desleal? ¿Se generan incentivos no deseables en el gobierno, en el caso de que el candidato vinculado con estas empresas gane las elecciones?

El pasado 30 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, entre otras cosas, no estudiar la demanda presentada para combatir la determinación de la Sala Regional Monterrey por la que anuló los votos recibidos en una casilla, lo que tuvo como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal de General Zuazua, Nuevo León.

En los casos judiciales sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para que Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia pudieran participar como candidatos al Senado de la República en las elecciones, los magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enfrentaron a la tarea de interpretar directamente el texto constitucional. La mayoría de los magistrados determinaron que ambos candidatos cumplían con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución, para contender por el cargo de senador de la República por representación proporcional. Sin embargo, una minoría consideró que los candidatos no los cumplían. ¿Qué posición fue la correcta? ¿Es cierto que la decisión mayoritaria fue una “decisión política”?

El presente texto trata sobre las coaliciones y candidaturas comunes y los criterios que se han adoptado para establecer sus límites y alcances. La finalidad del texto es presentar la forma en la que el TEPJF ha buscado evitar que estas asociaciones políticas se utilicen para eludir las reglas, de manera que generen situaciones que no tengan como objetivo fortalecer la democracia.