Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a México en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez y otro, estableciendo que tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución mexicana resultan contrarios a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y, en este sentido, determinó que el Estado mexicano debe dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico interno la normatividad relacionada con el arraigo y debe adecuar su ordenamiento sobre prisión preventiva oficiosa para hacerlo compatible con la normativa interamericana.