El 19 de enero de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en la que encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por diversas violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El caso se desarrolló en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001. En este sentido, la resolución del caso tiene diversas implicaciones de suma importancia para el sistema jurídico mexicano que vale la pena analizar.

A propósito de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reflexión que no puede quedar al margen es un balance de la misma a la luz de la perspectiva de género, particularmente, respecto los cambios que puede producir la enseñanza de los derechos humanos desde este enfoque.

El 29 de diciembre de 2020, en su conferencia de prensa matutina, el gobierno del presidente López Obrador anunció que la vacuna covid-19 sería aplicada de forma universal y gratuita. Dichas declaraciones han venido a zanjar especulaciones en torno al acceso libre de todas las personas, lo que podría representar la luz al final del túnel para paliar los efectos de esta pandemia. En este contexto, ha arribado una interesante discusión en relación con la distribución y venta de la vacuna por parte de particulares.

Recientemente la segunda sala de la SCJN concedió el amparo y protección de la justicia federal a las personas quejosas en un caso en el que se reclamaba que la omisión del Congreso de la Unión de establecer una ley de consulta previa libre e informada, violaba sus derechos humanos. De acuerdo con las personas promoventes, el poder legislativo federal ha incumplido con lo instruido en el segundo transitorio de la reforma constitucional del 14 de agosto de 2001, el cual dispuso que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales deben realizar las adecuaciones necesarias para reglamentar lo estipulado en la reforma.