Imagina que estás sentado en la oficina de tu despacho y suena el teléfono. Al otro lado de la línea escuchas una voz que se presenta como el robot humanoide Sophia. Conoces el caso de Sophia y sabes que a ella ya le fue concedida la ciudadana Saudí, sin ser persona. Ella te explica que su creador David Hanson estaba de vacaciones en Huatulco (Oaxaca) y que quedó en estado de coma. Explica que quiere celebrar un contrato con el hospital que está cuidando de Hanson. Desea contratar tus servicios para asegurar la salud de Hanson, pero que —a pesar de que ella ya cuenta con una ciudadanía— el derecho oaxaqueño no le reconoce personalidad. Respiras y le pides unos minutos para reflexionar sobre cuales deben ser los primeros pasos.
Rodolfo Moreno Cruz
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La Suprema Corte y su polémico fallo sobre productos plásticos
El Congreso de Oaxaca adicionó las fracciones XI y XII al artículo 98 de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos en el estado de Oaxaca, en las cuales establecía la prohibición, entre otros puntos, de la distribución de productos en botellas de PET. Ante esta reforma, la cadena comercial Oxxo, así como la empresa Propimex (embotelladora de Coca-Cola), promovieron un amparo. Aunque manifestaron diversas inconformidades, el reclamo principal fue que la legislatura oaxaqueña carecía de competencia para emitir ese tipo de prohibición.
La Suprema Corte y su interpretación de los tratados internacionales
La invocación a los tratados internacionales de derechos humanos en sede jurisdiccional primero fue un lujo, después una moda y, finalmente, con la reforma del 2011, una obligación. En este transcurso, la Corte ha dado lectura a tratados internacionales de una manera peculiar. En ocasiones, los descontextualiza; en otras, los modifica e; incluso, a veces les cambia la finalidad. No se pasa por alto que está permitida una interpretación progresiva del tratado, pero entre este ejercicio y una descontextualización hay un trecho importante. Tampoco pasa desapercibido que quizás el reto de la Corte es solucionar problemas contextualizados y que ello le da margen para “moverle” al tratado. ¿Es correcto? Veamos un ejemplo.
Juicios a expresidentes vemos, corazones no sabemos
Días antes, varios juristas de reconocida trayectoria se manifestaron a favor de la inconstitucionalidad de la consulta. Hay quien con cierto grado de exageración ha calificado de impecable el proyecto del ministro. Yo no creo que sea así. Es indudable que las carpetas de investigación pueden iniciarse sin consulta y también es indudable que el resultado de la misma pueda significar un enorme respaldo para las instituciones responsables. Pero esto de ninguna manera hace evidente la inconstitucionalidad. Noto debilidades en el proyecto.
La Suprema Corte y sus malabares con la prueba científica
La valoración de la prueba científica en la Corte mexicana aún carece de criterios específicos para ser procesada de manera adecuada. Es necesario reconocer que, por la propia naturaleza dialéctica de los procesos judiciales, el debate en torno a la valoración de la prueba científica quizás nunca llegue a acabarse, pero eso no significa que sea imposible dotar de mayor fortaleza a las decisiones judiciales con criterios si bien no enteramente firmes, cuando menos más orientadores. Criterios que, por un lado, doten de mayor legitimidad a las decisiones judiciales y, por el otro, garanticen una mayor seguridad para las partes.
¿Abonó la Suprema Corte a lo que recién sucedió en el complejo “Pajaritos”?
Sea como fuera, sucesos como estos evidencian cuan relevantes son las decisiones de la Corte para el futuro de los derechos humanos y su protección. Hoy, después de algunos años de la resolución de la controversia constitucional 48/2011, vale plantear la pregunta: ¿abonó la Suprema Corte indirectamente en lo que recién aconteció en el complejo “Pajaritos”?
¿Son políticos los ministros?
Algo que se ha demostrado en los recientes años, es que en todos los países (incluido desde luego México) la designación de los ministros lleva una serie de conductas de índole política. Esto significa que el aspirante a ministro o tiene preferencia por un partido político, o esta respaldado por un grupo político o cuando menos tiene que hacer cabildeo con políticos que lo defenderán y votaran por él en la designación.
Política y derecho: a propósito de las deudas municipales
La mayor parte de los Cortes del mundo empiezan a estar conscientes sobre su transformación de “élite decisora” a “institución mediadora” de diversos discursos normativos. Esto es, el derecho, entendido como una técnica resulta en un canal de diversos discursos normativos como es el caso de los derechos humanos, culturales, morales, entre otros. A manera […]
¿Hay un derecho humano a la democracia en México?
En un voto concurrente del juez Diego García-Sayán[1] de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se alude a lo que algunos teóricos han venido designando con el distintivo de derecho humano a la democracia. A pesar de su reconocimiento en el escenario teórico y también en el ámbito jurisdiccional internacional, la interrogante es si en […]