En los últimos días ha causado revuelo en la comunidad jurídica, y también fuera de ella, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo impulsada por la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, ya aprobada por la Cámara de Senadores y turnada a la de Diputados. Casi totalmente, esta discusión se ha enfocado en la que se ha dicho que constituye la finalidad de esta reforma: evitar que los jueces de amparo otorguen la suspensión de leyes con “efectos generales”. Quienes apoyan esta limitación legislativa alegan que 1) dichos efectos cautelares desnaturalizan el juicio de amparo por contravenir su principio de relatividad que prohíbe extender la protección de este juicio constitucional a personas distintas de quien lo promovió; 2) la exorbitante eficacia de la suspensión va contra la presunción de constitucionalidad que tiene toda norma general; y 3) subrayan una indebida expansión de las funciones judiciales a costa de las del legislador democráticamente electo.

Los contornos del derecho a medios de impugnación procesal son muy matizados. Éste no se traduce en una obligación legislativa general y absoluta de otorgar recursos a disposición de las partes del proceso —o a su invención pretoriana—; y menos tratándose de resoluciones intraprocesales que, en la muy consolidada terminología del juicio de amparo, no trascienden al resultado del fallo o afectan derechos fundamentales sustantivos.